Protest Rights 2022 - ES

La constitución de algunos países africanos, como la de Angola, contiene una disposición legal que establece que las manifestaciones han de notificarse; no obstante, esta exigencia se ha transformado en una solicitud de autorización, la cual las autoridades deniegan a menudo. En la RDC, en virtud de la declaración del estado de excepción impuesto en mayo de 2021 en las provincias asoladas por el conflicto de Ituri y Kivu del Norte, los militares pueden registrar domicilios, prohibir reuniones y publicaciones, restringir desplazamientos y detener a cualquier persona acusada de alterar el orden público. Además, los civiles, incluidos los manifestantes, son procesados por tribunales militares. En Sudáfrica, la ciudad de Johannesburgo intentó imponer tasas elevadas por la organización de manifestaciones que van desde los 172 ZAR (10 USD) por un piquete convocado por la sociedad civil hasta los 15 000 ZAR (906 USD) por una marcha sindical de huelguistas, arguyendo que dichas movilizaciones requieren servicios municipales adicionales. A raíz de un proceso judicial iniciado por la sociedad civil, el Tribunal Superior de Justicia de Johannesburgo se colocó del lado de la sociedad civil en junio de 2022, cuando declaró inconstitucional el cobro de dichas tasas. En Kenia, la Ley de Orden Público —promulgada durante el régimen colonial británico, cuando la policía estaba centralizada, militarizada y contaba con amplios poderes de control— exige que los convocantes de una procesión pública la notifiquen a las autoridades con al menos tres días de antelación. Sin embargo, esta disposición sigue siendo usada de forma indebida por los agentes del orden, quienes conceden o deniegan de manera discrecional y arbitraria los permisos para manifestarse pacíficamente. Por ejemplo, el 28 de junio de 2022, el oficial al mando de la comisaría de Kasarani rechazó sin explicación alguna la carta en la que grupo de trabajo del Social Justice Centre, un grupo de bases con sede en Nairobi, notificaba a la policía su intención de llevar a cabo una manifestación.

Las autoridades recurrieron a la prohibición de todas las manifestaciones para impedir que se organicen movilizaciones —en particular, aquellas de la sociedad civil y de la oposición— aduciendo a menudo el riesgo de alteración del orden público, problemas de seguridad o motivos de salud pública, entre otras razones. En Togo, durante los dos últimos años, la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 se ha usado a menudo como pretexto para prohibir manifestaciones y reuniones públicas. En Chad, los militares han prohibido de manera casi sistemática las manifestaciones de Wakit Tama, una coalición de actores de la sociedad civil y la oposición que se ha venido exigiendo un retorno rápido a un gobierno civil desde que los militares tomaron el poder tras la muerte del expresidente Idriss Déby Itno en abril de 2020. En Guinea, las autoridades militares de la transición, que asumieron el poder tras un golpe militar en septiembre de 2021, anunciaron en mayo de 2022 la prohibición de todas las manifestaciones públicas «susceptibles de comprometer la paz social y normal desarrollo de actividades en las fechas previstas» hasta el inicio de campaña electoral.

En algunos países, las autoridades han prohibido o impedido las reuniones de la sociedad civil o las conferencias públicas. En Angola, el 21 de mayo de 2022, la policía de Cabinda bloqueó la entrada del hotel en el que iba a celebrarse una conferencia sobre la consolidación de la paz organizada por las formaciones defensoras de los derechos humanos OMUNGA y Associação para Desenvolvimento da Cultura e Direitos Humanos (ADCDH). En Camerún es habitual que las autoridades prohíban las reuniones públicas, incluidas las ruedas de prensa. Por ejemplo, en diciembre de 2021, las autoridades de Yaundé prohibieron una conferencia subregional de la sociedad civil sobre la reconciliación nacional convocada por la plataforma defensora de los derechos humanos Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique Centrale (REDHAC) por presuntas «tentativas para alterar la paz social y el orden público» y «amenazas procedentes de la variante ómicron del virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19». El 10 de diciembre de 2021, poco después de haber notificado la conferencia, la Dirección de la Policía Judicial citó a la directora ejecutiva de REDHAC Maximilienne Chantal Ngo Mbe para interrogarla. Además, la militante sudafricana Corlett Letjoane, una de las ponentes de la conferencia, permaneció detenida durante treinta horas tras su llegada a Camerún y sin acceso a un abogado.

La detención de los organizadores de las manifestaciones o de los actores que participan en ellas es otra táctica que suele usarse para reprimirlas. En Sierra Leona, el 3 de julio de 2022 fueron detenidos dos políticos de la oposición acusados de incitar a «manifestaciones callejeras ilegales». Las detenciones se produjeron un día antes de las manifestaciones del «lunes negro», en las que cientos de mujeres salieron a las calles para protestar por el alto coste de la vida, las dificultades económicas y las políticas económicas del país. En Sudán del Sur, antes de las manifestaciones antigubernamentales del 30 de agosto de 2021 organizadas por la coalición People’s Coalition for Civil Action (PCCA) en el marco de una campaña pública a favor de un cambio político, el Servicio de Seguridad Nacional (NSS) y la policía advirtieron a la población que no participara. El 27 de agosto de 2021, tres días antes de la manifestación, las calles se llenaron de agentes policías que habían recibido la orden de detener a cualquier manifestante. Ese día, cuatro militantes fueron detenidos en Wau y otros dos, junto con un obispo, en Yei, después de que el NSS los acusara de «poseer información» relacionada con la PCCA. El 2 de septiembre de 2021, el NSS detuvo a dos empleados de la Foundation for Democracy and Accountable Governance por presuntamente haber participado en la planificación de dichas manifestaciones. En la víspera de las movilizaciones, el Gobierno también cortó el acceso a Internet hasta el 30 de agosto de 2021, cuando quedó claro que las manifestaciones no se llevarían a cabo. El portavoz de la policía no autorizó dichas movilizaciones por considerar que podrían «perturbar el orden público».

Mientras tanto, en las Américas, los países de la región han adoptado leyes o considerado la posibilidad de promulgar normas que dificulten la organización de manifestaciones. En Estados Unidos, la adopción de leyes contra las manifestaciones ha sido significativa y constante en los últimos cinco años. Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, once órganos legislativos estatales presentaron proyectos de ley que podrían limitar las manifestaciones y agravar las penas por participar en ellas. Por ejemplo, el estado de Alabama amplió la definición de lo que se considera una infraestructura crítica para incluir oleoductos y explotaciones mineras, y estableció nuevas sanciones para quienes se manifiesten en sus inmediaciones.

Tras las manifestaciones por los precios de los combustibles en marzo de 2022, un grupo de senadores paraguayos propuso modificar el Código Penal para tipificar como delito la obstrucción del tráfico, una medida que, según ellos, «disuadiría» a los manifestantes de cortar carreteras y los incitaría a dialogar con el Gobierno. El Senado archivó la propuesta posteriormente. En Uruguay, en un referéndum celebrado en marzo de 2022, una escasa mayoría apoyó el mantenimiento de la totalidad de la Ley de Urgente Consideración de 2020, una legislación genérica promovida por Lacalle Pou. Entre otras cosas, esta ley contiene disposiciones que limitan el derecho de huelga (art. 392) y prohíben las manifestaciones que bloqueen el tráfico o la circulación en espacios públicos (art. 468-470). Desde 2021, el CIVICUS Monitor ha documentado casos en los que agentes de policía han disuelto manifestaciones en virtud de esta legislación.

Algunos países de la región también han recurrido a la militarización para desalentar e impedir las movilizaciones. En Ecuador, los moradores de la parroquia rural de La Merced de Buenos Aires vieron cómo llegaban hasta allí vehículos militares y policiales sin explicación alguna en agosto de 2021, pocos días después de que líderes locales enviaran una carta en la que alertaban al Gobierno de los abusos perpetrados por las empresas mineras contra la población local. Cabe señalar que los habitantes de la zona se han opuesto a la minería mediante actos de protesta de larga duración. En República Dominicana, cientos de militares y policías fuertemente armados fueron desplegados en el barrio del Capotillo de Santo Domingo cuando los vecinos organizaron una huelga por el aumento de los precios del combustible y los alimentos.

En Cuba, las autoridades desplegaron a militares y policías por las calles para impedir una marcha antigubernamental en noviembre de 2021. Medios de comunicación informaron que había policías armados y uniformados en casi todas las esquinas del malecón de La Habana, mientras que otros patrullaban parques y plazas. Disidentes y periodistas de renombre fueron detenidos o puestos bajo arresto domiciliario tanto el día de la manifestación como en los días previos. En septiembre de 2022, cuando los cortes de electricidad provocaron manifestaciones intermitentes, también se aplicaron tácticas similares para evitar que las manifestaciones se intensificaran.

En algunas ocasiones, los Estados también han impuesto toques de queda o han levantado puestos de control que, en la práctica, sirven para limitar las manifestaciones e impedir el acceso a ellas. También hubo casos en los que las autoridades se valieron de campañas de difamación contra los manifestantes antes de las movilizaciones, como sucedió en El Salvador, donde el ministro de Trabajo vinculó las marchas del Día Internacional del Trabajo con las pandillas.

Del mismo modo, en toda la región de Asia-Pacífico, el CIVICUS Monitor documentó intentos sistemáticos para impedir la organización de manifestaciones durante todo año mediante actos represivos y medidas de emergencia —con el pretexto de hacer frente a la pandemia—, así como a través de nuevos decretos y normas, y amenazas de detención o ataques.

El espacio cívico de China, Vietnam y Laos ha sido calificado como cerrado y la libertad de reunión pacífica está muy restringida en estos países, tanto por la legislación como en la práctica. También se constataron disposiciones legales estrictas en países como Singapur, donde se han penalizado incluso las manifestaciones unipersonales.

En Sri Lanka, desde abril de 2022, el Gobierno ha recurrido en repetidas ocasiones a normas vigentes bajo el estado de excepción para frenar las manifestaciones multitudinarias provocadas por la crisis económica. Este marco legislativo hizo posible que las autoridades pudieran detener y encarcelar a sospechosos sin orden judicial ni garantías procesales. En virtud de dicha legislación también se impuso el toque de queda, se restringió el acceso a Internet y se bloquearon las redes sociales. En Tailandia, un decreto de emergencia para hacer frente a la pandemia de COVID-19 se siguió usando hasta finales de septiembre de 2022 para prohibir las protestas. En Hong Kong, el Gobierno impidió todas las formas de protesta en el marco de la represión de la disidencia y en junio de 2022 prohibió por tercer año consecutivo la conmemoración pública del aniversario de la mortífera represión de la Plaza de Tiananmen de 1989, alegando el riesgo de propagación del virus de la COVID-19.

En Afganistán, tras la toma del poder por parte de los talibanes, estos anunciaron la prohibición de todas las manifestaciones en Kabul y otras provincias sin autorización previa. A pesar de las restricciones, mujeres militantes siguieron manifestándose para exigir el fin de las discriminaciones. En las Maldivas, el presidente promulgó en abril de 2022 un decreto que proscribe las manifestaciones contra la India por considerarlas una amenaza para la seguridad nacional.

En la India se usa con frecuencia el artículo 144 del Código de Procesamiento Penal para prohibir reuniones. Si bien esta disposición fue concebida principalmente para situaciones de emergencia con el fin de preservar la «paz social», las autoridades la han empleado de forma generalizada y frecuente para impedir las manifestaciones. En Birmania, la junta militar amenazó constantemente con detener de forma arbitraria, torturar y ejecutar a los manifestantes del Civil Disobedience Movement, un grupo que milita contra el golpe de Estado. Pese a esto, siguieron movilizándose mediante la organización de flash mobs durante las cuales los militantes corren por las calles unos minutos antes de dispersarse.

Hay motivos de preocupación incluso en el Pacífico, donde el espacio cívico está relativamente abierto. En Australia, en 2022, tres estados aprobaron leyes contra las manifestaciones que imponen duras penas por la participación en movilizaciones no violentas, especialmente dirigidas a quienes se manifiestan contra el cambio climático. La policía australiana fue objeto de escrutinio por llevar a cabo una vigilancia encubierta y una redada preventiva en junio de 2022 contra Blockade Australia, un grupo que milita contra el cambio climático. En Fiyi se empleó una enmienda a la Ley del Orden Público de 2014 para no autorizar manifestaciones, como las organizadas por sindicatos y manifestantes contra el cambio climático, por ejemplo.

En Europa también ha habido un auge de leyes restrictivas destinadas a perseguir e impedir las reuniones pacíficas. Estas medidas contribuyen a la creación un entorno disuasorio para la organización de reuniones pacíficas, por ejemplo, erigiendo obstáculos adicionales para que los manifestantes obtengan las autorizaciones pertinentes o criminalizando ciertos tipos de protesta. En Reino Unido, a pesar de una extensa oposición de la sociedad civil, la policía recibió amplios poderes para restringir las concentraciones estáticas, imponer restricciones a las manifestaciones por el ruido y limitar los actos de protesta frente al Parlamento en virtud de la Ley de Policía, Delitos, Penas y Tribunales aprobada abril de 2022. Además, se propusieron restricciones adicionales a las manifestaciones para que sean incluidas en el futuro proyecto de ley sobre el orden público. En Francia, las autoridades crearon un nuevo delito de «invasión de pistas de aterrizaje de aeropuertos» que criminaliza la desobediencia civil y está penado con seis meses de prisión y una multa de 7500 euros. En Rusia, desde 2014, varias modificaciones legislativas han dificultado cada vez más la organización de manifestaciones. Por ejemplo, las manifestaciones espontáneas están totalmente proscritas y, cuando se convocan con antelación, las autoridades se sirven de las solicitudes de autorización para prohibirlas. En los últimos años, también se han aprobado leyes restrictivas para limitar las manifestaciones en Bielorrusia, Grecia y España.

En algunos casos, las manifestaciones han sido prohibidas en Europa. En octubre de 2021, a petición de la red de transportes de Londres, un tribunal de Reino Unido prohibió a los manifestantes de Insulate Britain bloquear el tráfico y el acceso a las autopistas y a las principales carreteras de Londres y sus alrededores, después de que el grupo organizara varias manifestaciones. En mayo de 2022, las autoridades alemanas prohibieron diversas manifestaciones con motivo del Día de la Nakba, en el que se conmemora la limpieza étnica de Palestina en 1948, por considerar que dichas movilizaciones suponían «peligro inminente» y podrían dar lugar a «discursos incendiarios y antisemitas». Pese a esto, las manifestaciones se llevaron a cabo, si bien hubo detenciones y fueron reprimidas con una fuerza excesiva. En Hungría, en virtud de la legislación de emergencia para combatir la pandemia, el Gobierno aprobó un decreto que hizo prácticamente imposible una huelga de profesores. En Turquía, la gobernación de la ciudad de Van prolongó en repetidas ocasiones la prohibición de manifestaciones y actividades en todo el municipio, la cual entró en vigor tras el golpe de Estado fallido de 2016. En otros casos, la policía se ha valido de tácticas intimidatorias para disuadir a la población de manifestarse, como en Serbia, donde varios activistas denunciaron haber sido intimidados por la policía durante las manifestaciones contra un proyecto de extracción de litio de la empresa británico-australiana Río Tinto. Los manifestantes afirmaron que antes de las manifestaciones los agentes les advirtieron de los «riesgos» a los que podrían exponerse.

En Asia Central, donde el espacio cívico está muy restringido, la legislación limita el derecho de reunión pacífica y es frecuente que las autoridades impidan las manifestaciones. En Kazajistán, los organizadores de concentraciones están obligados de facto a obtener una autorización previa, pese a que oficialmente la ley sobre manifestaciones de 2020 solo prevé un procedimiento de notificación. Aunque se permiten algunas manifestaciones, las autoridades siguen denegando de forma selectiva las autorizaciones para las manifestaciones críticas o de carácter político. Las autoridades de Kirguistán recurrieron en repetidas ocasiones a prohibiciones totales temporales para restringir las manifestaciones, incluida la más reciente, de un mes de duración, para frenar los actos de protesta frente a la embajada rusa en solidaridad con Ucrania. En Turkmenistán y Tayikistán, las manifestaciones son escasas debido al severo clima represivo.

En Oriente Medio y el Norte de África, donde se encuentran algunos de los regímenes más represivos del mundo, los manifestantes también viven en entorno disuasorio. De hecho, el espacio cívico de casi la mitad de los países de la región (nueve de diecinueve) ha sido calificado como cerrado, mientras que el de la otra mitad ha sido calificado como represivo u obstruido. De hecho, cuando los manifestantes se atreven a organizarse y salir a las calles, se enfrentan a la violencia implacable y brutal de las autoridades.

En Jordania, las autoridades se sirven de detenciones preventivas para impedir que los militantes participen en las movilizaciones, como sucedió en marzo de 2022, cuando fueron detenidos los manifestantes que habían previsto asistir a una marcha en conmemoración de las protestas del 24 de marzo de 2011. De forma similar, los profesores que tenían previsto asistir a las manifestaciones semanales del Sindicato de Profesores en Ammán fueron detenidos antes de las movilizaciones. Las fuerzas de seguridad jordanas también utilizaron tácticas más evidentes para impedir las protestas, como cuando rodearon a los manifestantes para impedir que más personas se unieran a una marcha contra la subida del precio del combustible y los productos básicos en noviembre de 2021. En Túnez, las autoridades cortaron el paso a las personas que se dirigían a la sede de la comisión electoral para manifestar su oposición a un referéndum que se celebraría próximamente, ya que pedían la dimisión del presidente Saïed y expresaban su preocupación por la independencia de la junta electoral.

En Marruecos, las autoridades habrían empleado tácticas abominables para impedir que los manifestantes participen en las movilizaciones. En la ciudad de Cabo Bojador, en el Sáhara Occidental, la policía y las fuerzas de seguridad atacaron a cinco mujeres militantes saharauis que se dirigían a una manifestación por la autodeterminación saharaui y las agredieron sexual y físicamente con gran brutalidad.

Entre octubre de 2021 y octubre de 2022, las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza en por lo menos doce países y los manifestantes perdieron la vida en por lo menos ocho países de África.

En Chad, Guinea y Sudán, las autoridades militares de la transición reprimieron las manifestaciones durante las que se exigía un rápido retorno a un gobierno civil. En Chad, por lo menos cincuenta personas perecieron el 20 de octubre de 2022 durante las manifestaciones que se desarrollaron en todo el país. Grupos defensores de los derechos humanos afirman que el número de muertos es probablemente mucho mayor. Ese día, las fuerzas de seguridad, compuestas por la policía, la gendarmería y el ejército, lanzaron gases lacrimógenos, dispararon balas de goma y usaron munición real contra los manifestantes. Cientos de personas fueron detenidas, algunas sometidas a torturas y otras deportadas a la prisión de alta seguridad de Koro Toro, situada en pleno desierto en el norte del país. Se impuso un toque de queda entre las nueve de noche y las nueve de la mañana hasta el «restablecimiento total del orden» en Yamena, Moundou, Doba y Koumra. Algunos internautas señalaron que se cortó o ralentizó el acceso a Internet. En Guinea, en julio y agosto de 2022, por lo menos siete personas perdieron la vida como consecuencia del uso de munición real durante las manifestaciones contra la «gestión unilateral» de la transición a un gobierno civil. En Sudán, las continuas tensiones entre facciones militares y civiles del Gobierno desembocaron en un golpe de Estado perpetrado por la cúpula militar en octubre de 2021, que desencadenó nuevas manifestaciones multitudinarias. Las manifestaciones han sido reprimidas mediante la detención arbitraria de manifestantes y el uso excesivo y mortal de la fuerza. Hasta septiembre de 2022, por lo menos 117 manifestantes habían muerto durante las protestas a favor de la democracia. También preocupa el hecho de que las manifestantes y las defensoras de los derechos humanos fueran objeto de violencia sexual para silenciarlas. Ciertos informes indican que hasta el 22 de marzo de 2022 por lo menos dieciséis mujeres habían sido violadas durante las manifestaciones en Jartum.

En varios países africanos, las manifestaciones por el alto coste de la vida fueron reprimidas con violencia. En Sierra Leona, el 10 de agosto de 2022, 31 personas (25 civiles y 6 policías) perdieron la vida durante manifestaciones antigubernamentales violentas, desencadenadas por la elevada inflación, el aumento del coste de los productos básicos y la sensación de que el Gobierno no había sido capaz de amortiguar los efectos de esta subida de precios. Las autoridades anunciaron un toque de queda en todo el país y el acceso a Internet a través diversos proveedores permaneció interrumpido durante dos horas mientras se desarrollaba la manifestación. Si bien el presidente asistió al funeral de Estado para los policías, las autoridades se negaron a entregar los cuerpos de los veinticinco civiles fallecidos y fueron enterrados el 17 de octubre de 2022 durante un funeral organizado por el Estado. En Kenia, agentes de policía detuvieron y golpearon al defensor de los derechos humanos Julius Kamau por protestar contra el elevado coste de la vida frente al edificio del Tesoro, en el marco de las manifestaciones de la NjaaRevolution que surgieron en Internet. Kamau portaba una pancarta en la que se podía leer «¡Bajen los precios de los alimentos!». Los ciudadanos kenianos se sirvieron de la etiqueta #NjaaRevolution para organizar manifestaciones contra el alto coste de la vida.

Es frecuente que los manifestantes pierdan la vida en el marco de las manifestaciones contra la inseguridad creciente en las provincias orientales de la RDC. Durante esas movilizaciones también exigen la retirada de la MONUSCO, la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, por su presunta incapacidad para proteger a los civiles contra los grupos armados. El 24 de enero de 2022, las fuerzas de seguridad usaron munición real para disolver una manifestación pacífica en Beni, provincia de Kivu del Norte, e hirieron de muerte a Mumbere Ushindi Dorake, un militante de LUCHA de veintidos años. LUCHA y otros actores cívicos habían convocado un acto de protesta de cinco días contra la inseguridad en Beni y para denunciar el estado de excepción. Hasta 36 personas perdieron la vida, entre ellas, cinco miembros de las fuerzas de paz de la ONU, y más de 170 resultaron heridas durante las manifestaciones violentas que tuvieron lugar en el este de la RDC entre el 25 y el 27 de julio de 2022. Pese a que los manifestantes denunciaron que las fuerzas de paz de la ONU dispararon con munición real, la MONUSCO negó esas acusaciones.

En Nigeria son frecuentes las prohibiciones de manifestaciones y su disolución por la fuerza, así como la detención de manifestantes. El 1 de octubre de 2021, Día de la Independencia de Nigeria, el grupo #RevolutionNow convocó manifestaciones contra el Gobierno por la mala gobernanza y por otros agravios en Lagos, Osogbo, Abuja, Ibadan y Benín. En Osogbo, estado de Osun, agentes de seguridad habrían empleado gases lacrimógenos contra los manifestantes y detenido brevemente a once de ellos. Unas treinta personas fueron detenidas durante manifestaciones en Lagos y el fotoperiodista de The Punch Olukayode Jaiyeola habría sido agredido por agentes de la policía del estado de Lagos.

El año pasado, se produjeron detenciones de manifestantes en por lo menos veintiún países del continente africano. El 17 de agosto de 2022, unos días antes de las elecciones generales en Angola, la policía disolvió una manifestación convocada por organizaciones de la sociedad civil para llamar la atención sobre las irregularidades del proceso electoral y detuvo a decenas de personas, entre ellas, el periodista Coque Mukuta. En Zimbabue son frecuentes las detenciones por la participación en piquetes, concentraciones o manifestaciones. Por ejemplo, diez estudiantes del sindicato Zimbabwe National Students Union (ZINASU) fueron detenidos por haberse manifestado pacíficamente contra el aumento de las tasas de la Universidad de Zimbabue en marzo de 2022. Otro estudiante fue detenido el 4 de abril en relación con otras manifestaciones. En Níger, la policía detuvo a cuatro militantes del movimiento prodemocracia Tournons la page Niger el 10 de diciembre de 2021, mientras participaban en la «caravana ciudadana de la democracia», un evento que se lleva a cabo cada año en Niamey con motivo del Día de Mundial de los Derechos Humanos. Media hora antes de la detención de los cuatro militantes, un quinto, que no participaba en la manifestación, fue detenido violentamente por agentes de policía de paisano. Todos ellos fueron acusados del delito de «reunión ilegal», a pesar de que las autoridades locales no habían prohibido el evento. Los cinco fueron puestos en libertad el 13 de diciembre de 2021, pero aún pesan cargos contra ellos. En Uganda, la policía detuvo a 33 médicos y residentes el 16 de diciembre de 2021, cuando intentaban entregar una petición al presidente del Parlamento. Solicitaban que el Ministerio de Sanidad garantizara que todos los hospitales dispusieran de equipos de protección personal, pagara a los médicos residentes por lo menos 2,5 millones de chelines ugandeses (694 USD) y mejorara las condiciones generales de trabajo.

En las Américas se suele hacer un uso excesivo de la fuerza para disolver las manifestaciones. Las fuerzas del orden emplearon una fuerza excesiva contra los manifestantes en por lo menos doce países de esta región. Los agentes han llegado a disparar balas reales durante la vigilancia de las manifestaciones y a utilizar armas subletales de forma indiscriminada. El CIVICUS Monitor documentó la muerte de manifestantes en ocho países de la región. También se registró la muerte de periodistas mientras cubrían manifestaciones y redadas en las oficinas de organizaciones de la sociedad civil en el marco de la represión de las manifestaciones.

En marzo de 2022, la policía ecuatoriana reprimió con una fuerza excesiva las manifestaciones pacíficas que se desarrollaron en Quito y Guayaquil con motivo del Día Mundial de la Mujer, y también empleó gases lacrimógenos y espráis de pimienta. Viviana Erazo, periodista del medio de comunicación digital Wambra, cubría una manifestación en Quito cuando un policía la habría acorralado y golpeado con una porra. También la rociaron con un espray de pimienta mientras intentaba alejarse. En junio de 2022, durante una manifestación indígena en el marco de una huelga nacional, varias fuentes señalaron que agentes de la ley dispararon directamente a los manifestantes con armas subletales, provocándoles lesiones alrededor de los ojos y otras zonas sensibles por el impacto de cartuchos de gas y perdigones.

A lo largo de 2022, el deterioro de la situación en Haití llevó a la población a protagonizar frecuentes manifestaciones por la inseguridad, el precio del combustible, la falta de alimentos y bienes básicos, derechos laborales y otros problemas acuciantes. La policía usó la fuerza de forma indiscriminada a menudo. Por ejemplo, el 23 de febrero de 2022, la policía abrió fuego contra los manifestantes que exigían un aumento del salario mínimo en Puerto Príncipe. Un fotoperiodista perdió la vida y dos reporteros resultaron heridos cuando la policía disparó contra los manifestantes desde un vehículo que pasaba por el lugar donde se encontraban. En agosto y septiembre de 2022, a medida que se extendían las protestas por la crisis que vive el país, hubo múltiples denuncias por la muerte de manifestantes y el uso de armas de fuego por parte de la policía para reprimir las manifestaciones. Asimismo, durante el periodo que aquí se analiza, se contabilizaron múltiples casos de manifestantes heridos debido al uso de armas de fuego por la policía peruana.

Además de la militarización y las detenciones arbitrarias, en esta región también se emplearon otras tácticas para frenar y disolver las manifestaciones. En octubre de 2021, el Gobierno guatemalteco declaró el estado de sitio y militarizó el municipio de El Estor en reacción a las manifestaciones contra la minería. La policía hizo una redada en las oficinas de la organización defensora de los derechos indígenas Defensoría Q'eqchi' y censuró las emisiones de una radio comunitaria indígena. Ese mismo mes, grupos ecologistas estadounidenses informaron que más de seiscientas personas fueron detenidas durante cinco días de manifestaciones y acciones de desobediencia civil a favor de la justicia climática.

En el último año se documentaron manifestaciones en por lo menos veintitrés países de la región Asia-Pacífico. Las poblaciones se movilizaron para reivindicar sus derechos, reclamar justicia y exigir reformas políticas y económicas. Estas manifestaciones se produjeron en países cuyo espacio cívico ha sido calificado como obstruido o represivo, pero también en regímenes autoritarios cuyo espacio cívico ha sido calificado como cerrado, como China y Vietnam. Las autoridades respondieron a estas manifestaciones de diversas maneras: acosaron y detuvieron arbitrariamente a los manifestantes, hicieron un uso excesivo y a veces mortal de la fuerza, y emplearon armas de fuego para disolver las manifestaciones, por ejemplo.

En 2022, las autoridades camboyanas acosaron a los miembros del sindicato de trabajadores del casino NagaWorld por reclamar sus derechos. Decenas de personas fueron arrestadas, detenidas o maltratadas, y el Gobierno intentó justificar la represión alegando que se inscribía en el marco de las medidas para combatir la pandemia de COVID-19. Las fuerzas de seguridad detuvieron e infligieron malos tratos a los manifestantes de la provincia indonesia de Papúa que exigían el fin de la discriminación y la explotación. En Pakistán, los grupos que se manifestaron contra las desapariciones forzadas fueron detenidos en junio de 2022. También se documentó la detención de manifestantes contra el cambio climático en Australia y de manifestantes antivacunas o contra la vacunación obligatoria en Nueva Zelanda.

Asimismo, se documentó el uso excesivo de la fuerza en catorce países de la región Asia-Pacífico. En 2022, la junta militar birmana prosiguió la represión violenta de las manifestaciones antigolpistas mediante el empleo armas letales. También hubo noticias de que la junta utilizó vehículos para embestir contra los manifestantes.

En Afganistán, en reacción a las manifestaciones de mujeres militantes, los talibanes las insultaron, amenazaron y golpearon, y llegaron a apuntarles con armas de fuego y disparar al aire. También destrozaron sus pancartas, les arrebataron los teléfonos y amenazaron y detuvieron a algunas de ellas. En Sri Lanka, la policía usó la fuerza de forma excesiva e injustificada para disolver las manifestaciones por la crisis económica y con ese fin empleó gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma contra manifestantes pacíficos, transeúntes y periodistas. En julio de 2022, las fuerzas de seguridad golpearon a manifestantes y abogados durante el desalojo forzoso de algunas zonas de la ubicación que desde hace tres meses acogía la manifestación pacífica itinerante Gotagogama.

En China, en julio de 2022, presuntos vigilantes no identificados vestidos con camisas blancas arrastraron, patearon y golpearon violentamente a los manifestantes que se habían congregado en la provincia central de Henan para recuperar sus fondos, que permanecían congelados en bancos rurales. En Bangladesh, el partido gobernante se sirvió de sus militantes y las fuerzas de seguridad para atacar las manifestaciones estudiantiles, de trabajadores y de la oposición.

En el último año se documentó la muerte de manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad en cinco países, especialmente en Birmania, donde la junta militar mató a más de mil personas. En Nepal, la policía del distrito de Rupandehi empleó la fuerza letal durante un desalojo, matando a cuatro manifestantes e hiriendo a decenas ellos. En Indonesia, las fuerzas de seguridad dispararon contra una multitud en la regencia de Yahukimo, en marzo de 2022, matando a dos personas que manifestaban su oposición a la decisión del Gobierno de crear una nueva región autónoma en la provincia indómita de Papúa. Afganistán y Sri Lanka también se encuentran entre los países en los que se produjeron homicidios que quedaron impunes.

En Europa y Asia Central fue frecuente la detención de manifestantes durante las movilizaciones. Esta práctica se documentó en veintinueve países, entre ellos, ocho con un espacio cívico calificado como abierto y, por lo general, respetado. También se registró el uso excesivo de la fuerza en quince países de esta región. Las manifestaciones por cuestiones que van de los derechos de las mujeres a los derechos de los jóvenes y del medioambiente fueron objeto de represión.

En Grecia, Italia y Turquía se reprimieron las manifestaciones juveniles contra la brutalidad policial y a favor de la libertad de cátedra. En Grecia, durante los meses de mayo, junio y septiembre de 2022, los estudiantes de la Universidad Aristóteles de Tesalónica llevaron a cabo manifestaciones contra un proyecto de ley sobre la educación que prevé la presencia de agentes de policía dentro del campus. Durante una de esas manifestaciones, unidades antidisturbios de la policía levantaron una barricada y presuntamente habrían disparado gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra los estudiantes.

Las manifestaciones en defensa de los derechos medioambientales también fueron blanco de ataques. En mayo de 2022, en Copenhague, Dinamarca, militantes de Extinction Rebellion bloquearon los puentes que conducen al Parlamento en el marco de la rebelión Vendepunktet (Punto de inflexión) y exigieron a los responsables políticos daneses medidas justas y democráticas para lidiar con la crisis climática. Ciento diez militantes fueron detenidos por motivos de orden público durante dos días de manifestaciones. La policía también multó a otros manifestantes en virtud de la ley de tráfico. En Reino Unido se documentó de manera constante la detención de manifestantes, por ejemplo, durante las manifestaciones por la justicia climática, las cuales se saldaron con detenciones en reiteradas ocasiones. Las detenciones durante los actos contra el cambio climático también se documentaron en otros países, como Finlandia, Alemania, Países Bajos y Suecia. Además, las detenciones durante las manifestaciones por la justicia climática estuvieron acompañadas de restricciones a los periodistas que intentan cubrirlas.

En dos países de Asia Central se registró la muerte de manifestantes. En junio de 2022 estallaron manifestaciones en el estado de Karakalpakstán, en el oeste de Uzbekistán, y en otras ciudades, después de que se propusieran modificaciones a la Constitución para despojar a la región de su estatus autónomo y de su derecho constitucional a la secesión. Las cifras oficiales indican que veintiuna personas perdieron la vida, entre ellas diecisiete civiles y cuatro agentes de la ley; sin embargo, los medios de comunicación afirmaron que el número de muertos podría ser más elevado.

En Oriente Medio y el Norte de África, la represión de las manifestaciones también está generalizada y se caracteriza por su intensidad, en especial por la brutalidad de las disoluciones, a menudo mediante el uso excesivo y letal de la fuerza, las detenciones arbitrarias, los cortes de Internet y el homicidio de manifestantes. En algunos países los manifestantes corren el doble de riesgos de sufrir un ataque, ya que las violaciones y los abusos proceden tanto de agentes estatales como no estatales, como las milicias armadas.

En Irán, la represión despiadada de las manifestaciones aún en curso se caracterizó por el empleo de la fuerza letal. Estas movilizaciones comenzaron en septiembre de 2022 en el marco de un movimiento popular contra las leyes que obligan a las mujeres a llevar el velo, pero pronto empezaron a denunciar otros agravios y exigir cambios políticos y sociales profundos. El uso de munición real contra grupos de manifestantes pacíficos por parte de las autoridades se saldó con cientos de muertos y numerosos heridos. Hasta el 28 de octubre de 2022, por lo menos cuatrocientos manifestantes habían perdido la vida y miles habían sido detenidos.

En Palestina, la policía israelí emplearon métodos sanguinarios, excesivos y brutales para disolver las manifestaciones e incluso las ceremonias religiosas palestinas, como cuando las fuerzas de ocupación israelíes asaltaron una mezquita en Jerusalén Este y lanzaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra miles de fieles; la incursión que se saldó con por lo menos 158 heridos y cientos de detenidos. Asimismo, las fuerzas israelíes dispararon balas recubiertas de goma y gases lacrimógenos contra manifestantes palestinos que protestaban contra una marcha de colonos judíos israelíes que se dirigía al puesto de avanzada de Homesh, en el territorio ocupado de Cisjordania: por lo menos cuarenta manifestantes palestinos resultaron heridos. También se documentaron casos de agresiones y de uso de la fuerza contra manifestantes en Líbano, como la agresión perpetrada por el ejército y la policía antidisturbios contra profesores universitarios en el cruce del Palacio Presidencial en Baabda, durante una sentada para exigir que el Gabinete tome medidas para que se apruebe el expediente para la titularización de los enseñantes a tiempo completo.

En países como Catar, las autoridades enviaron a grupos de sus ciudadanos al extranjero para que perturben las reuniones pacíficas de sus compatriotas en otros países y para que ataquen a manifestantes, como sucedió en Múnich, Alemania, durante una manifestación convocada por el defensor de los derechos humanos catarí Abdullah Al-Maliki, quien pedía que se respeten los derechos humanos en su país de origen. En Irak, los manifestantes padecen tanto los ataques de agentes estatales como de grupos extremistas armados no estatales. Por ejemplo, en enero de 2022, hombres armados atacaron a manifestantes en la gobernación de Wasit. Una tendencia similar se registró en Libia, donde las milicias y los grupos armados detuvieron y secuestraron a manifestantes por su apoyo a determinados candidatos electorales.

La detención de manifestantes es otra táctica que se emplea a menudo para intimidar y dispersar multitudes durante las manifestaciones. Esta práctica fue documentada durante las manifestaciones multitudinarias que vienen desarrollándose en Irán desde noviembre de 2021 por una crisis constante relacionada con la mala gestión de los recursos hídricos por parte del Estado. Quienes participaron en dichas movilizaciones fueron objeto de detenciones arbitrarias frecuentes.

La represión digital también es otra de las principales tácticas de los regímenes autoritarios, quienes la usan para desconectar a la población y, de esa manera, interferir con las manifestaciones multitudinarias y mermar su capacidad de movilización y acceso a la información. Las autoridades iraníes, conocidas por su control férreo del acceso a la red, cortaron el acceso a Internet y las redes sociales durante las mencionadas manifestaciones que culminaron en septiembre de 2022.

En África, los manifestantes afrontaron detenciones, acoso judicial y procesos penales, así como largos periodos en prisión preventiva en represalia por su participación en movilizaciones. Las coaliciones fueron disueltas o prohibidas y a los convocantes se los citó para interrogarlos.

Tras las manifestaciones multitudinarias en Chad y Guinea, las autoridades militares de la transición prohibieron las actividades de las coaliciones al frente de las movilizaciones contra las juntas militares respectivas o las disolvieron; en concreto, el ejecutivo chadiano prohibió la manifestación de Wakit Tama del 20 de octubre de 2022 y su homólogo guineano disolvió el Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC) el 8 de agosto de 2022. Además, los militantes de ambas coaliciones fueron detenidos y procesados en repetidas ocasiones en relación con las manifestaciones. Oumar Sylla e Ibrahima Diallo, miembros destacados del FNDC y del grupo prodemocracia Tournons la page Guinée, fueron detenidos el 30 de julio de 2022 y a los pocos días fueron acusados de los delitos de «participación en una reunión prohibida, saqueo, destrucción de bienes públicos y privados, incendio y agresión intencionada». Ambos permanecían encarcelados cuando se redactó este informe. Seis miembros y simpatizantes de Wakit Tama fueron detenidos entre el 14 y el 17 de mayo de 2022, entre ellos, los organizadores de las manifestaciones del 14 de mayo de 2022. Todos fueron acusados de los delitos de agresión física, daños a la propiedad y concurso para perturbar orden público. El 6 de junio de 2022 fueron condenados a una pena de prisión suspendida de un año.

En Angola, los veintidós manifestantes que fueron detenidos el 9 de abril de 2022, en Luanda, durante una manifestación pacífica para exigir la liberación de presos políticos y unas elecciones libres y justas, fueron procesados por disturbios y por no acatar la orden de disolución de la policía. El 14 de abril de 2022, dos de los veintidós imputados fueron condenados a cuarenta días de multa y a pagar 60 000 kwanzas (138 USD) en concepto de costas judiciales. Esto que significa que los activistas disponen de un total de veinte días para pagar las sanciones; de lo contrario, permanecerán ese tiempo en prisión. Los otros veinte fueron absueltos por falta de pruebas.

En el este de la RDC y en Camerún, los manifestantes han sido procesados por tribunales militares. En la RDC, en virtud de la declaración del estado de excepción impuesto en mayo de 2021 en las provincias orientales de Ituri y Kivu del Norte, tribunales militares procesaron y condenaron a militantes por su participación en manifestaciones pacíficas, a menudo tras haber permanecido largas temporadas en prisión preventiva. El 1 de abril de 2022, doce militantes del movimiento social Lutte pour le Changement (LUCHA) fueron condenados a un año de prisión por «provocación e incitación a la desobediencia». Fueron detenidos el 11 de noviembre de 2021, mientras se manifestaban pacíficamente frente al ayuntamiento de Beni para exigir la protección de los civiles y el fin de la ley marcial impuesta bajo el estado de excepción. El 25 de febrero de 2022, un tribunal militar de Goma condenó a tres militantes del movimiento social Jicho la Raiya (El Ojo de los Ciudadanos) a penas de dos años de prisión por los delitos de «acusaciones lesivas» y «denuncias calumniosas». Los tres habían sido detenidos nueve meses antes en Kirotshe, Kivu del Norte, cuando planeaban una manifestación contra un «impuesto vial ilegal» y la presunta mala gestión del distrito sanitario de Kirotshe. En Camerún, los manifestantes suelen ser procesados en virtud de la ley antiterrorista de 2014, que criminaliza las manifestaciones, y luego languidecen durante largos periodos en prisión. Aún permanecen en prisión las más de cien de personas que fueron detenidas por haber participado en las manifestaciones pacíficas en las regiones anglófonas en 2017 o en las manifestaciones de la oposición antigubernamental en septiembre de 2020 en reacción al anuncio del presidente Biya de celebrar elecciones regionales. Esta situación inspiró la campaña Don’t shut them up: Free victims of arbitrary detention now (¡No las acallen: liberen ya a las víctimas de detención arbitraria!), organizada por grupos defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, el 27 de diciembre de 2021, 47 miembros y simpatizantes del partido de la oposición Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) fueron condenados por el tribunal militar de Yaundé a penas de entre uno y siete años de prisión por diversos cargos, entre ellos, rebelión e intento de insurrección. El 31 de diciembre de 2021, el tribunal militar de Douala condenó por insurrección a dieciséis meses de prisión y a una multa de 376 000 francos CFA (585 USD) a cuatro militantes de Stand Up Cameroon, un movimiento de partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil. Los cuatro fueron detenidos en septiembre de 2020 cuando salían de una reunión del partido de oposición Cameroon People’s Party (PPC) en Duala y, posteriormente, pasaron quince meses en prisión preventiva.

En Zimbabue, los manifestantes suelen ser perseguidos por presuntos delitos de incitación pública a la violencia. Por ejemplo, el 29 de septiembre de 2022, la conocida novelista Tsitsi Dangarembga y la coacusada Julie Barnes fueron declaradas culpables de participar en una reunión con el fin de incitar a la violencia por el tribunal de magistrados de Harare. Fueron condenadas a una multa de 70 000 dólares zimbabuenses (193 USD) y a una pena de prisión suspendida de seis meses, con la condición de que no cometiese ningún delito similar en los próximos cinco años. Ambas fueron detenidas durante una manifestación antigubernamental pacífica el 31 de julio de 2020 en el suburbio de Borrowdale de Harare, mientras portaban una pancarta en la que se podía leer «Queremos algo mejor. Reformemos nuestras instituciones».

En Suazilandia se produjo una serie de ataques de represalia contra militantes tras las manifestaciones prodemocracia que comenzaron en junio de 2021, entre ellos, ataques incendiarios, secuestros, actos de tortura y registros domiciliarios. Los vehículos de Wandile Dludlu y Ngomyayona Gamedze, dos miembros del movimiento People’s United Democratic Movement (PUDEMO) que han estado al frente de la reivindicación de reformas democráticas, fueron blanco de ataques con cócteles molotov en dos ocasiones en abril de 2022. El presidente del sindicato de estudiantes Swaziland National Union of Students y militante estudiantil Colani Maseko fue secuestrado y agredido por la policía en enero de 2022 y posteriormente fue detenido y acusado de sedición por la presunta quema de fotografías del rey Mswati. Unos meses más tarde, a finales de mayo de 2022, fue secuestrado y torturado por el ejército a los pocos días de haber liderado una manifestación estudiantil.

Tras las manifestaciones, la intimidación también se materializó bajo la forma de citaciones e interrogatorios. En diciembre de 2021, después de una serie de manifestaciones en Internet y en varias localidades contra la creciente inseguridad en el norte de Nigeria, Zainab Naseer Ahmad, coorganizadora de una manifestación en Kano, fue convocada a las oficinas del Department of State Services (DSS), la agencia de seguridad nigeriana, donde fue interrogada. El DSS también convocó a Ibrahim Birniwa, coorganizador de las manifestaciones en Kaduna.

En las Américas, muchos países disponen de leyes sobre la obstrucción del tráfico o la interrupción de los servicios públicos, las cuales pueden usarse para obstaculizar los movimientos y los actos de protesta. Por esta razón, quienes convocan o participan en manifestaciones pueden enfrentarse a cargos que conllevan penas severas en virtud de leyes sobre las asociaciones delictivas y los actos de sabotaje.

En Honduras, se abrió una investigación penal contra un líder indígena garífuna y un abogado de derechos humanos después de que manifestantes pacíficos entraran brevemente en la sede del Ministerio Público en agosto de 2022. Los manifestantes exigían respuestas por la desaparición forzada de cuatro jóvenes garífunas en Triunfo de la Cruz dos años antes. Ambos fueron acusados de los delitos de «perturbación del orden público» y «privación ilegal de libertad», los cuales pueden conllevar penas de prisión de hasta tres y siete años respectivamente, conforme a lo dispuesto en el Código Penal.

En Canadá, los defensores del medioambiente y del derecho a la tierra fueron detenidos con frecuencia por organizar actos pacíficos de desobediencia civil. En mayo de 2022, un defensor indígena fue condenado a una pena de veintiocho días de prisión por obstruir el acceso a una terminal del oleoducto Trans Mountain. Asimismo, a mediados de septiembre de 2021, más de mil personas fueron detenidas durante las manifestaciones contra la tala de un bosque primario en Fairy Creek, en la isla de Vancouver. Más de cuatrocientos de estos manifestantes fueron acusados de un delito de «rebeldía».

Las autoridades cubanas condenaron a más de trescientas personas que participaron en las manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021. Se les imputaron los cargos de sedición, sabotaje y desorden público. La represión se cebó tanto con disidentes destacados como con ciudadanos comunes y corrientes, para quienes los fiscales a menudo reclamaron penas desproporcionadamente largas. Las organizaciones de la sociedad civil que siguieron la situación estiman que más de 1 400 personas fueron detenidas en el marco de esas manifestaciones. En este caso, la criminalización se usó para castigar a los manifestantes, pero también para infundir miedo e impedir futuras movilizaciones.

Nuestra investigación demostró que los manifestantes de toda la región también sufren actos de acoso, intimidación y estigmatización después de participar en movilizaciones. Por ejemplo, en El Salvador y Argentina, militantes feministas recibieron amenazan en redes sociales tras haber participado en manifestaciones. Manifestantes feministas mexicanas que habían sido detenidas durante una movilización en Guanajuato denunciaron que agentes de policía amenazaron con agredirlas sexualmente y con formular acusaciones falsas contra ellas. Mientras tanto, en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso y otras autoridades difamaron a los manifestantes indígenas que participaron en las movilizaciones del 20 de junio, afirmando que dichas movilizaciones tenían vínculos con el narcotráfico y grupos criminales.

La detención de manifestantes se documentó en veinte países de la región de Asia-Pacífico. En algunos casos, esas detenciones desembocaron en procesos judiciales. Se usaron diversas leyes sobre el orden público, la seguridad nacional y otros ámbitos para criminalizar a los manifestantes. Mediante esta investigación también descubrimos que las autoridades emplearon otros medios para acosar y castigar a los manifestantes, como la vigilancia, la denegación de la libertad bajo fianza, las prohibiciones de viaje, la destrucción de viviendas, así como la tortura y los malos tratos durante los periodos de detención.

En Sri Lanka fueron detenidas más de cien de personas implicadas en las manifestaciones multitudinarias por la crisis económica, entre ellas, estudiantes, militantes de la sociedad civil y sindicalistas. Se denunciaron presuntos actos de tortura y malos tratos durante las detenciones y algunos de los detenidos fueron acusados de los delitos de «reunión ilegal» u «obstrucción de la labor policial», entre otros cargos. El Gobierno incluso recurrió a la draconiana Ley de Prevención del Terrorismo (PTA) para detener a tres militantes estudiantiles en agosto de 2022. Las prohibiciones de viaje son otras de las herramientas empleadas para penalizar a los manifestantes.

En India, varios manifestantes estudiantiles, entre ellos Umar Khalid y Gulfisha Fatima, permanecen detenidos sin derecho a fianza en virtud de la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas (UAPA), una ley antiterrorista, por su participación en las manifestaciones contra Enmienda a la Ley de Ciudadanía (CAA), una norma discriminatoria. Grupos defensores de derechos también documentaron casos en los que las autoridades demolieron y destruyeron las viviendas de manifestantes musulmanes en Uttar Pradesh.

En Hong Kong, numerosos militantes fueron encarcelados en virtud de la Ordenanza sobre el Orden Público por participar u organizar «reuniones no autorizadas» y se exponen a penas de hasta cinco años de prisión. El militante prodemocracia Chow Hang Tung fue condenado en enero de 2022 a quince meses de prisión por organizar una vigilia en conmemoración de la represión de la Plaza de Tiananmen de 1989.

En Tailandia, cientos de manifestantes fueron acusados de los delitos de sedición, difamación de la corona y violación del Decreto de Emergencia, que prohíbe las reuniones el marco de la lucha contra la pandemia de COVID-19. A algunos se les denegó sistemáticamente la libertad bajo fianza o se los obligó a llevar brazaletes electrónicos para poder salir de prisión. Otros descubrieron que estaban siendo vigilados a través de sus teléfonos mediante el programa espía Pegasus.

En Birmania, miles de manifestantes antigolpistas languidecen en detención bajo acusaciones falsas de «incitación» o «traición» tras haber sido procesados por tribunales militares secretos; cientos de ellos son torturados o maltratados impunemente. En Malasia, la policía detuvo a decenas de manifestantes, entre ellos, militantes y políticos de la oposición, para interrogarlos por su participación en manifestaciones espontáneas contra la corrupción, la subida de precios, la guerra de Ucrania, la pena de muerte y por otros motivos. En Singapur, los militantes padecieron actos de acoso policial por las manifestaciones contra la pena de muerte.

A raíz de las manifestaciones que se desarrollaron en Europa y Asia Central, los manifestantes fueron perseguidos y sometidos al pago de multas, a actos de intimidación y acoso, malos tratos y torturas.

En Hungría fueron despedidos cinco profesores que protagonizaron actos de desobediencia civil en el marco de las manifestaciones por las condiciones de la enseñanza; mientras que en Turquía fueron suspendidos los estudiantes que se manifestaron a favor de la libertad de cátedra y se les abrieron expedientes disciplinarios.

En Kosovo, policía multó al colectivo We march, we do not celebrate (Marchamos, no celebramos) por «alteración del orden público y daños la propiedad pública» después de que protagonizaran una manifestación contra los feminicidios y arrojaran pintura roja sobre los edificios que acogen a las fuerzas del orden. En Eslovenia se multó a los manifestantes antigubernamentales que han llevado a cabo manifestaciones en bicicleta cada viernes desde el inicio de la pandemia de COVID-19, y al destacado manifestante Jaša Jenull le fueron impuestas tres sanciones por un total de 35 000 euros durante el mandato de Janez Jansa. En Noruega, los militantes contra el cambio climático que bloquearon una carretera en el marco de su campaña Stop Oil Exploration contra las prospecciones petroleras fueron detenidos y les fueron impuestas multas por valor de 12 000 coronas noruegas (1130 USD). Además, dado que algunos militantes eran extranjeros, la líder del Partido del Progreso (FrP) pidió al Ministerio de Justicia que los deportara y que les prohibiera la entrada al país.

En Polonia, las militantes por los derechos de la mujer fueron víctimas de acoso judicial a raíz de su participación en las manifestaciones a favor del aborto en 2020 y 2021, durante la pandemia del COVID-19. Marta Lempart, de la organización Polish Women's Strike, se enfrenta a más de un centenar de cargos, entre ellos, el de poner en peligro la salud pública y de «desencadenar una amenaza epidemiológica», el cual está penado con hasta ocho años de prisión. En Serbia, se abrió un proceso penal contra tres militantes de Youth Student Action (OSA) por «comportamiento violento», después de que interrumpieran un debate sobre el Plan General de Ordenamiento Urbano de Novi Sad desplegando una pancarta y encendiendo dispositivos pirotécnicos a modo de protesta. Los militantes, que podrían ser condenados hasta a cinco años de prisión, fueron blanco de campañas de difamación por parte de tabloides progubernamentales que los tildaron de «odiadores de los serbios, traidores y destructores del Estado».

En Bielorrusia, los manifestantes y los defensores de los derechos humanos fueron víctimas de ataques desde el estallido de las manifestaciones en 2020. Por ejemplo, Marfa Rabkova del Viasna Centre está imputada en trece causas judiciales por los presuntos delitos de «organización y fomento de actividades que atentan contra el orden civil, convocatoria pública de actos que amenazan la seguridad nacional, fundación de una formación extremista, dirección de una organización extremista, incitación a la discordia, gamberrismo, vandalismo, daños a la propiedad privada y comisión de actos ilegales con explosivos», y podría ser condenada a una pena de hasta veinte años de cárcel. En Finlandia, en marzo de 2022, doce militantes del grupo ecologista Elokapina fueron condenados por insubordinación a raíz de unas manifestaciones durante las cuales bloquearon dos avenidas y habrían desobedecido las órdenes de la policía de despejar la vía.

En Kazajistán, tras las manifestaciones multitudinarias del «enero sangriento» para reclamar cambios políticos y sociales, las autoridades siguieron persiguiendo a quienes participaron en actos de protesta pacíficos. Decenas de militantes de la sociedad civil y de la oposición fueron detenidos durante los sucesos de enero de 2022 y algunos de ellos se enfrentan a cargos penales en un acto evidente de represalia por su compromiso cívico, con los derechos humanos y con la democracia. También se denunciaron torturas y malos tratos a los detenidos. En Uzbekistán, las autoridades habrían seguido persiguiendo y deteniendo a personas de las que sospechaban que habrían desempeñado un papel destacado en las manifestaciones multitudinarias en el estado occidental de Karakalpakstán. Informaciones no confirmadas señalan que algunos de los detenidos fueron ejecutados extrajudicialmente y que agentes retiraron cadáveres de las viviendas de personas que se cree habrían sido abatidas para ocultar pruebas de esas ejecuciones.

Asimismo, en Oriente Medio y el Norte de África, CIVICUS Monitor documentó casos en los que se emplearon diversas tácticas tras las manifestaciones, entre ellas, ataques, actos de acoso y la persecución y el encarcelamiento de manifestantes y de quienes mostraron su apoyo a las manifestaciones, incluso años después de las movilizaciones.

En Kuwait, las autoridades acosaron a manifestantes mediante convocatorias a interrogatorios después de que hubieran participado en manifestaciones por los derechos humanos de la comunidad apátrida bidún. En Líbano se constató una tendencia similar, ya que seguridad del Estado habría citado a manifestantes después de que participaran en una movilización para denunciar la inacción del Gobierno en la investigación de la explosión del puerto de Beirut.

En Catar, los tribunales condenaron a ciudadanos a cadena perpetua por participar en las manifestaciones populares y pacíficas que culminaron el 9 de agosto de 2021. Destaca el caso de dos de ellos, que también fueron condenados a cadena perpetua a pesar de que no participaron realmente en las manifestaciones populares, sino que solo limitaron a apoyarlas públicamente en las redes sociales. En Irán, las autoridades también hicieron un uso indebido del sistema de justicia para acosar judicialmente y procesar a quienes exigen responsabilidades por las violaciones perpetradas contra manifestantes, como en el caso de la agresión brutal de noviembre de 2021 y el posterior encarcelamiento de la destacada defensora de los derechos humanos Narges Mohammadi, después de fuera detenida para empezar a cumplir una pena de cárcel por su apoyo público a los familiares de las víctimas de la represión de las manifestaciones que atravesaron el país en noviembre de 2019. Algo similar sucedió con respecto a las manifestaciones de septiembre de 2022, ya que hasta el 31 de octubre de 2022 el poder judicial iraní había formulado un mínimo de mil acusaciones contra manifestantes.

En Kuwait, las autoridades fueron más allá y solicitaron la extradición de manifestantes en el exilio para encarcelarlos, como se documentó en el caso del bloguero crítico Mesaed Al-Musaileem.

En muchos aspectos, salir a las calles en algunos países supone pagar el precio más alto después de las manifestaciones. En Irak, a finales enero de 2022, fue hallado en la ciudad de Basora el cuerpo sin vida de Haider Sabri, un militante destacado que participó en el movimiento popular de protesta de octubre de 2019. Sabri desapareció en circunstancias que aún no se han esclarecido. En Líbano, manifestantes detenidos fueron sometidos a torturas y desapariciones forzadas, como se denunció durante las manifestaciones de enero de 2022 por la crisis económica y un nuevo confinamiento.

Sin embargo, a pesar de la grave situación y del aumento de la represión contra los manifestantes civiles en Oriente Medio y el Norte de África, la sociedad civil se mostró resiliente, desafió todos los pronósticos, contrarrestó los excesos de los gobiernos y, actualmente, sigue emprendiendo acciones colectivas para exigir cuentas, justicia social y la protección de los derechos humanos. En Irak, en respuesta a la presión creciente de los defensores de los derechos humanos, las autoridades detuvieron en febrero de 2022 al teniente coronel Omar Nizar, miembro de la División de Respuesta Rápida, acusado del homicidio de manifestantes durante la infame represión de las manifestaciones de 2019. Del mismo modo, en lo que puede considerarse como un paso positivo del sistema judicial para la protección los derechos de los manifestantes, un tribunal devolvió una causa contra el militante iraquí Faisal Salman Gharib Al-Barki y otras catorce personas por su participación en las manifestaciones populares de octubre de 2019 con el fin de que se practiquen investigaciones ulteriores, debido a deficiencias evidentes en las indagaciones previas. Queda por ver si los tribunales seguirán promoviendo la protección de los derechos de estos y otros manifestantes, y si la detención del teniente coronel Omar Nizar marcará el inicio de una nueva era para la rendición de cuentas por los abusos perpetrados durante las manifestaciones, o si, por el contrario, solo se trata de meros intentos superficiales para blanquear la ennegrecida imagen del ya de por sí mediocre historial del Gobierno en materia de derechos humanos.